No existen evidencias que permitan certificar que los fondos europeos librados a la Autoridad Palestina hayan servido para financiar operaciones terroristas, pero hay razones para pensar que parte de ese dinero ha podido ser utilizado «para fines distintos de los previstos».
Las afirmaciones precedentes, tan cautas como poco esclarecedoras, constituyen el núcleo argumental de un informe elaborado a todo lo largo de dos años por la OLAF (la Oficina de Lucha Contra el Fraude de la Unión Europea), a raíz de alegaciones formuladas en 2003 en muy diversos ámbitos, según las cuales Europa habría estado financiando, con su ayuda, al terrorismo palestino.
El programa de ayudas directas de la UE a la Autoridad Palestina fue establecido a finales de 2000, cuando el Gobierno israelí decidió congelar las transferencias pactadas sobre ingresos fiscales y aranceles, a raíz del lanzamiento de la Segunda Intifada. Hasta 2002, la ayuda enviada alcanzó los 246,3 millones de euros, y se vio complementada con otros 145 entre ese año y febrero de 2005.
Los resultados de la investigación hechos públicos por OLAF son todo menos concluyentes. Reconocen que las Instituciones europeas pusieron a punto un mecanismo de auditoría para seguir la traza del dinero entregado a la Autoridad Palestina (AP) mucho más riguroso que el habitual. Sin embargo, y como afirma la Oficina, «los acuerdos financieros establecidos entre la UE y la Autoridad Palestina no aportan una base jurídica que permita a la OLAF controlar directamente el gasto de la AP». Por ello «no ha estado nunca en condiciones de verificar directamente los gastos efectuados por la AP».
Es decir que, «en base a las informaciones actualmente disponibles, la investigación no ha permitido encontrar elementos suficientes de prueba que permitan concluir que ataques terroristas o actividades ilegales hayan sido financiadas con la asistencia presupuestaria otorgada por la Unión a la Autoridad palestina ( ) aunque indicaciones coherentes dan credibilidad a la hipótesis de que no se pueda excluir que algunos de los haberes de la AP hayan podido ser empleados por ciertos individuos en usos distintos que los previstos».
Las afirmaciones precedentes, tan cautas como poco esclarecedoras, constituyen el núcleo argumental de un informe elaborado a todo lo largo de dos años por la OLAF (la Oficina de Lucha Contra el Fraude de la Unión Europea), a raíz de alegaciones formuladas en 2003 en muy diversos ámbitos, según las cuales Europa habría estado financiando, con su ayuda, al terrorismo palestino.
El programa de ayudas directas de la UE a la Autoridad Palestina fue establecido a finales de 2000, cuando el Gobierno israelí decidió congelar las transferencias pactadas sobre ingresos fiscales y aranceles, a raíz del lanzamiento de la Segunda Intifada. Hasta 2002, la ayuda enviada alcanzó los 246,3 millones de euros, y se vio complementada con otros 145 entre ese año y febrero de 2005.
Los resultados de la investigación hechos públicos por OLAF son todo menos concluyentes. Reconocen que las Instituciones europeas pusieron a punto un mecanismo de auditoría para seguir la traza del dinero entregado a la Autoridad Palestina (AP) mucho más riguroso que el habitual. Sin embargo, y como afirma la Oficina, «los acuerdos financieros establecidos entre la UE y la Autoridad Palestina no aportan una base jurídica que permita a la OLAF controlar directamente el gasto de la AP». Por ello «no ha estado nunca en condiciones de verificar directamente los gastos efectuados por la AP».
Es decir que, «en base a las informaciones actualmente disponibles, la investigación no ha permitido encontrar elementos suficientes de prueba que permitan concluir que ataques terroristas o actividades ilegales hayan sido financiadas con la asistencia presupuestaria otorgada por la Unión a la Autoridad palestina ( ) aunque indicaciones coherentes dan credibilidad a la hipótesis de que no se pueda excluir que algunos de los haberes de la AP hayan podido ser empleados por ciertos individuos en usos distintos que los previstos».
NOTA: articulo escrito por FERNANDO PESCADOR
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